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Ángeles Vázquez destaca que la adhesión a la APLU de los ayuntamientos de Beariz, Boborás y Taboadela garantizan un correcto uso del territorio y la protección del paisaje

8 de Noviembre de 2019
  • La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda y sendos regidores municipales firmaron el convenio de adhesión a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, con el que el número de ayuntamientos adheridos ya supera los 80
  • Recuerda que los municipios adheridos suman un 17% de la superficie total de Galicia
  • Vázquez Mejuto destaca el papel de la APLU que se sitúa junto a los ayuntamientos para velar por la legalidad urbanística de Galicia y el control de posibles infracciones

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, destacó esta mañana que la adhesión a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de los ayuntamientos gallegos, concretamente de Beariz, Boborás y Taboadela, garantiza un correcto uso del territorio y la protección del paisaje.

Así lo puso de manifiesto esta mañana durante la firma de los convenios de adhesión de estos tres ayuntamientos de la provincia de Ourense, formalizada con sendos regidores municipales, con el que el número total de ayuntamientos adheridos a la APLU se eleva a 81, lo que representa un 17% de la superficie total de Galicia.

Recordó que la APLU tiene por objetivo velar por la legalidad urbanística y el control de las posibles infracciones, por lo que es un ente que está al servicio de los ayuntamientos para garantizar la protección del territorio y el respeto a la legalidad vigente.

Ángeles Vázquez explicó que, en virtud de estos convenios, los ayuntamientos delegan en la APLU las competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística relativas a obras que se ejecuten sin licencia siempre que estén en suelo rústico no urbanizable y suelo urbanizable o apto mientras no sea aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, y en núcleos rurales delimitados en el PGOM. Por otro lado, la APLU transferirá al ayuntamiento un 10% del producto de las multas coercitivas y sanciones.

Destacó que el objetivo de la Xunta es seguir incorporando nuevos ayuntamientos, al tiempo que se incrementa la colaboración con los ayuntamientos adheridos; porque los resultados muestran que la actuación conjunta es sinónimo de éxito. A modo de ejemplo, argumentó que en 2018 bajaron el número de expedientes resueltos, lo que denota un aumento de la concienciación de la población y un ejercicio más, el número de ejecuciones subsidiarias, las realizadas por los particulares, superó el 90%.