La adhesión de Bergondo, Noia y Ribadeo eleva a casi 80 el número de ayuntamientos que se integran en la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, destacó hoy que el número de ayuntamientos que forman parte de la “familia de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística” se eleva a casi 80, tras la firma del convenio de adhesión de los municipios de Bergondo y Noia, de la provincia de A Coruña y de Ribadeo, de la provincia de Lugo.
La conselleira de Medio Ambiente presidió esta mañana la firma de los convenios de adhesión, donde destacó que los 78 ayuntamientos adheridos a la APLU representan al 15% de la población gallega y cerca de un 20% de la superficie de Comunidad; pero sobre todo es una muestra de colaboración en el reto de velar por la legalidad urbanística de Galicia y el control de las infracciones; es decir, luchar por la protección del territorio y respeto a la legalidad vigente.
Vázquez Mejuto aclaró que de los 78 ayuntamientos adheridos, 28 son de la provincia de A Coruña, 13 de Lugo, 23 de la provincia ourensana y 14 de Pontevedra y añadió que la evolución de las adhesiones a la APLU, con 60 nuevos ayuntamientos en la última década, es una muestra del papel que juega la Agencia, como un instrumento eficaz para el control de la disciplina urbanística.
También destacó los beneficios para las administraciones locales con esta adhesión, con la que los ayuntamientos delegan en la APLU las competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística, de las actividades que se localicen en suelo rústico no urbanizable, en suelo urbanizable (o apto mientras no se apruebe el planeamiento) y en núcleos rurales delimitados en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Otro de los provechos de esta adhesión para los ayuntamientos es el hecho de recibir el 10% del producto de las multas coercitivas y sanciones que se impongan.
En ese sentido, destacó que la sociedad es cada vez más consciente de la necesidad de respetar la legalidad urbanística, hecho que se manifiesta observando dos datos del balance de actividad de la APLU en 2018, en el que un 94% de las demoliciones efectuadas fueron realizadas por los particulares y el número de multas coercitivas se redujeron sustancialmente.