Noticias

La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística asume las competencias inspectoras y sancionadoras de Cenlle y Boqueixón

4 de Mayo de 2021
  • Un total de 91 ayuntamientos delegan ya en el ente autonómico el control, supervisión y restablecimiento de la legalidad urbanística en sus respectivos municipios
  • El Ayuntamiento de Piñor aumenta las competencias cedidas a la APLU para encomendarle también las denuncias por obras y usos del suelo hechas sin comunicación previa

 

La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) asumirá las competencias en materia de inspección, sanción y restablecimiento de la legalidad en los ayuntamientos de Cenlle y Boqueixón. Su adhesión se formalizó hoy con la firma de sendos convenios entre la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y los alcaldes de Cenlle, José Manuel Rodríguez, y de Boqueixón, Manuel Fernández. Además, el regidor de Piñor, José Luis González, también formalizó esta mañana el acuerdo para ampliar las actuales funciones de la APLU en este municipio.

Con estas dos nuevas incorporaciones, el organismo autonómico tiene asumidas ya las competencias de un total de 91 ayuntamientos en toda Galicia (31 en la provincia de A Coruña, 27 en la de Ourense, 18 en Lugo y 15 en Pontevedra).

La integración en la Agencia ofrece toda una serie de beneficios y ventajas para los municipios. Así, en virtud de los convenios firmados hoy, Cenlle y Boqueixón delegan sus competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística relativas a aquellas obras que se ejecuten sin licencia, siempre que estén en suelo rústico no urbanizable, en suelo urbanizable o apto mientras no se apruebe el correspondiente planeamiento, o en núcleos rurales delimitados en el correspondiente PXOM.

De igual manera, la APLU se compromete a transferir a los ayuntamientos el 10% del producto de las multas coercitivas y de las sanciones impuestas hasta un máximo de 30.000 euros anuales y asume como principales funciones la tramitación de los expedientes de reposición así como los sancionadores, la prestación de asistencia técnica y jurídica a todos los municipios adheridos y la formación y sensibilización de los ciudadanos en la protección del territorio y del paisaje.

Durante el acto de firma, la conselleira subrayó que desde su puesta en marcha efectiva en el año 2009, la APLU se encarga de velar por la legalidad urbanística y el control de las posibles infracciones que se cometan en esta materia, por lo que es un ente que está al servicio de los ayuntamientos para garantizar la protección del territorio y el respeto a la legalidad vigente.

Destacó que el objetivo de su departamento es seguir incorporando nuevos municipios, al tiempo que se incrementa la colaboración con los ya adheridos, poniendo como ejemplo el caso de Piñor, uno de los primeros en delegar parte de sus competencias urbanísticas en la Xunta y que ahora, 12 años después, deja también en sus manos la gestión de las denuncias relativas a obras y usos del suelo que se ejecuten sin la necesaria comunicación previa.

Tras destacar los buenos resultados de esta actuación conjunta entre la APLU y las entidades locales en materia urbanística, Ángeles Vázquez puso como ejemplo algunos datos del balance de actividad del organismo durante 2020. Así, se refirió al descenso en un 39,26% de las multas coercitivas impuestas en este período o al hecho de que casi 9 de cada 10 reposiciones de la legalidad urbanística y de costas fueron ejecutadas ya por particulares, dos indicadores significativos de que existe una concienciación social cada vez mayor.