La Xunta ejecuta el derribo de la edificación sin finalizar en el Camino Real, en la zona de la playa de Lapamán, en Marín
- La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) invierte alrededor de 180.000 € en estos trabajos
- Las obras comenzaron hace días en el interior del edificio con el desmantelamiento de instalaciones, aislamiento, carpinterías y hoja interior de la fachada manual, para separar los residuos y acaban de iniciarse los trabajos de demolición desde el exterior
- Se prevé que los trabajos estén finalizados en la primera quincena de marzo
- La Administración autonómica asumió la ejecución subsidiaria de la orden de demolición dictada por la APLU tras no haberla ejecutado el propietario, tal y como se había notificado
La Xunta está ejecutando las obras de demolición de la edificación sin finalizar situada en el Camino Real, en el entorno de la playa de Lapamán, en el Ayuntamiento de Marín. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), cuya directora, Victoria Núñez, supervisó hoy los trabajos, invierte en la tarea un presupuesto de cerca de 180.000 €.
Las obras comenzaron hace unos días en el interior del edificio, con el desmantelamiento de instalaciones, aislamiento, carpinterías y hoja interior de la fachada manual, para separar los residuos. Y en este momento se está ya abordando la demolición desde el exterior. La previsión es que los trabajos estén finalizados en la primera quincena del mes de marzo.
La Xunta está llevando a cabo a las actuaciones necesarias para ejecutar subsidiariamente la orden de demolición dictada por la APLU, tras no haber ejecutado el propietario el derribo, tal y como se había notificado. El coste de la demolición se repercutirá al propietario.
La Xunta muestra el firme compromiso con su deber de recuperar el territorio especialmente protegido, como ejemplifica esta obra sin finalizar erigida sobre la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, generando un fuerte impacto sobre el paisaje.
Cabe recordar que desde la Administración autonómica se impusieron varias multas coercitivas al propietario para que ejecutara la demolición, pero no lo hizo.